Son 54 presos muertos y ni el país se conmovió ni el presidente ni sus ministros reaccionaron con dolor o con actos gubernamentales verticales ante semejante carnicería. Menos las siempre prestas oficinas de derechos humanos.
Ya son 54 los muertos que arroja la tragedia vivida en la cárcel de Tuluá la madrugada del 27 de junio. Hasta ahora solo ha podido reconstruirse mediáticamente lo sucedido por los testimonios recogidos entre algunos sobrevivientes, o por el desgarrado relato de los familiares de los muertos o por las escuetas y muy maquilladas declaraciones de los responsables del Estado. Por alguna razón, que lleva a sospechas perversas, no se conoce sino que los organismos estatales para averiguar eventos criminales, como la Fiscalía o la Procuraduría, están realizando igual que siempre, exhaustivas pesquisas.
Como eran presos ni le duelen a Colombia ni hay afán. Pero son ya 54 muertos en una sola noche, 54 en una ciudad de 220.000 habitantes, a 200 metros del cuartel de la policía y todos los 54 muertos, por mandato de la ley, estaban bajo la responsabilidad del Estado ya que eran ciudadanos legalmente ingresados a prisión. Son 54 presos muertos y ni el país se conmovió ni el presidente ni sus ministros reaccionaron con dolor o con actos gubernamentales verticales ante semejante carnicería. Menos las siempre prestas oficinas de derechos humanos.
Parecería que los presos dejaron de ser humanos aunque todos siguen investigando y mientras tanto ni el Inpec ni Medicina Legal ni la Fiscalía ni la revista Semana -que todo lo sabe filtrar- han mostrado segregadamente cuál porcentaje de esos 54 ciudadanos presos muertos pasaron a ser cadáveres por las heridas causadas con armas cortopunzantes, cuántos por asfixia o por quemaduras o cuántos por alguna bala y así entender lo que pasó.
El silencio aumenta el misterio y deforma cada día la realidad. Tampoco nos han dicho si las versiones coincidentes de que antes de lo que se llama ahora ‘incendio’ se habría dado una pelea pactada por el dominio entre los dos ‘plumas’ (o capos) que dirigían sendos grupos presos en ese patio. Menos que se van a atrever a contarnos si esos dos ‘plumas’, u otros presos del patio ocho, tenían celulares para llamar a pedir auxilio o a solicitar órdenes cuando la batalla crecía y la conflagración los abrumaba. No pueden porque si lo admiten tendrían que dar explicaciones de quién y por cuánto se autorizó su ingreso.
Tampoco nos han dicho si acaso existe registro de llamadas desde fuera o desde otras cárceles hacia los celulares que pudieran haber poseído los reclusos. Ya van 54 muertos y nadie se conmueve a contarnos cuál es el reglamento del Inpec que obligaba a los guardas a no abrir las puertas y gasear con lacrimógenos la batalla campal. Menos que se aceptara que en todas las cárceles del mundo los presos amotinados, cuando son gaseados, incendian los colchones para que el humo disminuya el efecto de los lacrimógenos porque en esta no tenían extintores.
Obviamente nunca nos dirán si los guardianes llamaron a sus superiores y si estos superiores consultaron lo que debían hacer con algún ministro o, en tan extremo caso, con el presidente Duque. Es que eran 54 muertos en una sola madrugada… y el país los ha dejado pasar como si se hubiese tomado un vaso de agua.
El Porce, julio 7 del 2022.
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