“El litigio decidido se trató de la supuesta violación de los derechos soberanos de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, y también sobre una contrademanda interpuesta por Colombia”.
Hace algunos días, Arturo McFields tomó la decisión más importante de su vida: renunció a su condición de embajador de Nicaragua ante la OEA. Adujo que no podía seguir guardando silencio y defendiendo lo indefendible. “Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, sentenció. McFields también tuvo el valor de sacar a la luz la práctica nefasta y vil del Gobierno de Ortega de tomar prisioneros a líderes de opinión, sin ningún tipo de bases jurídicas.
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Resulta curioso, entonces, que tan solo un mes después de lo ocurrido, el mismo Gobierno dictatorial de Nicaragua, siguiendo una prolija estrategia jurídica, logró ganar un segundo pulso jurídico consecutivo contra el Estado colombiano. El fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que le da la razón a Ortega y sus huestes, indicó que Colombia estaba violando la soberanía nicaragüense, por lo tanto, dicho fallo fue una derrota absoluta y diametral para una defensa jurídica colombiana que siempre fue reactiva y paquidérmica.
El litigio decidido se trató de la supuesta violación de los derechos soberanos de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, y también sobre una contrademanda interpuesta por Colombia.
En primer lugar, la Corte determinó que Colombia interfirió con las actividades legítimas de Nicaragua, en su zona económica exclusiva. Lo paradójico es que algunas de las actividades ‘ilícitas’ de los colombianos estaban destinadas a conservar la biodiversidad marina y el hábitat de algunas de las especies más preciadas de todo el mar Caribe. Ya no se podrá, entonces, luchar por la conservación natural en esas aguas.
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En segundo lugar, la Corte determinó que los raizales, habitantes autóctonos del archipiélago de San Andrés y Providencia desde siglos antes de instituirse el Estado nicaragüense, no tenían derecho a las actividades de pesca artesanal en las zonas contiguas a San Andrés, puesto que las mismas están, desde 2012, designadas como partes de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Por esta vía, la Corte ubicó los derechos de los pueblos originarios en un nivel inferior a los derechos de pesca y explotación industrial, supuestamente en cabeza del Gobierno de Managua.
Ello rompe la cohesión económica y cultural del archipiélago, al tiempo que hiere la dignidad de los raizales y niega su cultura y cosmovisión. Además, les prohíbe la pesca artesanal como medio de subsistencia. Aquí, sin embargo, debemos hacer un alto. La defensa jurídica de Colombia, en medio de su tradicional letargo, pretendió demostrar los derechos de los raizales mediante 11 declaraciones juramentadas que ni siquiera especificaban cuáles eran las áreas de pesca tradicionales de la comunidad raizal, ni el periodo histórico a partir del cual se desarrollaban dichas actividades. Por ende, la culpa de este fracaso jurídico, ha de ser, cuando menos, compartida.
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En tercer lugar -afortunadamente para el Gobierno colombiano- la Corte no le dio la razón a Managua en cuanto a la manera de medir mediante líneas de base rectas aquello que la dictadura consideraba como la expansión de su placa continental y de su mar territorial. Gracias a ello, la derrota de Colombia no fue catastrófica, aunque sí sumamente grave.
Quizás lo más increíble de todo fue el llamado de la Corte para que los dos países “negociaran”, debido a que el gobierno de Ortega siempre se había mostrado “abierto” a esa posibilidad. Hace bien el Gobierno colombiano al fijar líneas rojas muy claras: no es posible negociar con una dictadura, mucho menos cuando sus propios funcionarios, en valerosos actos de reflexión, tildan a su propio Gobierno de cruel e ilegítimo.
De todo lo anterior extraemos que el libro aún no está cerrado frente a este litigio fronterizo, pero Ortega y sus secuaces sí pueden, de una vez por todas, olvidarse de que tendrán algún eco para sus falaces deseos de negociar sobre lo que, a todas luces, es innegociable. Así como no se negocia la dignidad del pueblo raizal, tampoco se puede entrar a dialogar con quienes reprimen y hieren a su propio pueblo, como lo hace el dictador Ortega.
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