“Durante décadas, el pueblo de Colombia ha exigido paz y dignidad. Nos manifestamos ahora en solidaridad con su lucha por un proceso democrático libre y pacífico”, afirmó un grupo integrado por más de 80 personalidades de la política y la academia a nivel mundial quienes han expresado su “grave preocupación por la creciente amenaza de violencia, asesinato e injerencia en las elecciones presidenciales del 19 de mayo en Colombia”.
Idéntica preocupación hemos advertido por la creciente polarización que vive el país, lo que ha generado un ambiente enrarecido con miras a la elección, en segunda vuelta, del presidente que guiará los destinos de Colombia durante los próximos cuatro años, si es que quien llegue no convoca un referendo para absolver una sola pregunta relativa a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que cambie en la Constitución, entre otros temas, los periodos presidenciales.
Hemos llamado la atención sobre el cuidado que debemos tener en preservar intactos los pilares que sustentan una vida republicana dentro del marco de una democracia que aún sirve de ejemplo para los países del mundo libre, con mayor razón para los oprimidos.
Diversas situaciones nos han puesto en el ojo analítico que ha alertado al mundo entero sobre posibles salidas de cauce estimuladas por sectores interesados en generar temor mediante la ejecución de actos similares a los padecidos durante el mal llamado estallido social.
El Gobierno debe reiterar hasta el cansancio que tiene un interés, una meta, un deber superior en las elecciones del domingo 19: la conservación del orden. Teniendo en cuenta la más absoluta aplicación de la dimensión del término, que no solamente es que se presenten choques en las calles, ni reyertas, ni bloqueos, sino que el supremo orden nacional, que está organizado y regido por una serie de disposiciones y leyes fundamentales, se impondrá sobre toda otra consideración y el país saldrá consolidado de la prueba.
En ese orden, debe estar excluido cualquier acto de violencia, así como cualquier otra forma de delito o contravención de las leyes. De tal manera que si hay fraude a la voluntad popular, no se ha conservado el orden. Nadie puede afectar la solidez de nuestra democracia con ninguna acción individual o colectiva por poderosas que sean las fuerzas que las ejecuten.
En este país nada se puede derribar al demostrar los cimientos de cultura política, que por tradición nos llena de orgullo, porque se pasa del poder a la oposición ante el fallo de los electores libres para darlo y que van poniendo los límites que les parecen necesarios. Aparte de los intransferibles límites que tiene el derecho de cada ciudadano y ante los cuales cualquier gobierno, por fuerte que sea, se detiene respetuoso.
El comunicado del grupo finaliza expresando que las amenazas que se ciernen en torno a la campaña política “exigen una mayor vigilancia, escrutinio y transparencia en las elecciones presidenciales de Colombia”.
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