El proceso de elección del nuevo contralor general de la República ha estado plagado de controversias y polémicas, y los baches en el camino siguen apareciendo justo cuando se cuentan las horas para la posesión del nuevo Gobierno nacional. En la mañana de este jueves aumentaron las renuncias de miembros de una Comisión Accidental de congresistas convocada para evaluar una lista de 17 candidatos que aspiran al cargo para lograr la elección el próximo 18 de agosto.
Esta es la tercera oportunidad que se intenta lograr el nombramiento de la persona que va a reemplazar a Felipe Córdoba. Este nuevo capítulo se inició cuando los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Ricardo Racero, convocaron la comisión para integrar la nueva lista de acuerdo con sus méritos y en equidad de género, algo que algunos partidos rechazaron porque ya se había conformado otra por parte de los legisladores que terminaron su periodo el 20 de julio pasado, pero fue reemplazada.
Algunos de los nuevos congresistas dijeron que la presentación de los nuevos nombres tiene como fin que se elija a Julio César Cárdenas para que sea el nuevo titular del organismo de control, un hombre que, supuestamente, tiene el respaldo de Gustavo Petro.
Una de las que señaló esta situación fue la representante a la Cámara por el Partido Dignidad y líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien aseguró que la nueva lista es una ‘jugadita’ del petrismo para tener control sobre la Contraloría, algo que se criticó en el listado anterior, en el que hubo denuncias de supuestas intenciones desde la Casa de Nariño para que se eligiera a alguien cercano al uribismo.
Para Pedraza es falso lo que dijeron los dos congresistas como argumento para reemplazar los nombres postulados por la anterior legislatura, “porque tanto el criterio de la equidad de género, como el criterio de la meritocracia, fueron corregidos y contemplados en la última lista conformada por el Congreso de la República”.
“La bancada del Gobierno pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir que violemos la ley, para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo Gobierno, como lo es Julio César Cárdenas, que fue funcionario del próximo presidente Gustavo Petro”, añadió la representante.
Este mismo argumento fue usado por algunos miembros de la nueva comisión accidental quienes han venido renunciando a esa responsabilidad. En la mañana de este jueves los miembros del Centro Democrático, Honorio Henríquez, Enrique Cabrales y Carlos Edward Osorio, quienes dimitieron a través de una carta con la advertencia de que si continúan en ella podrían incurrir en una ilegalidad. “No vemos viable nuestra participación en dicha comisión puesto que ya existe una lista de elegibles construida por la Comisión que para el efecto se designó en su momento”.
Lo mismo hicieron los congresistas de Cambio Radical, Jorge Enrique Benedetti y Carlos Abraham Jiménez, del Senado; y Gilberto Betancourt, de la Cámara de Representantes, luego de haber apoyado la candidatura de María Fernanda Rangel para liderar la Contraloría General de la República, otra de las candidatas en la lista.
Frente a estos hechos, Roy Barreras les envió un mensaje a los congresistas: “Dos claridades a los señores miembros de la Comisión Accidental acerca del proceso elección de contralor. La primera, el deber constitucional y legal de asistir a ella es irrenunciable; segunda, si alguno cree tener un impedimento debe asistir y exponerlo ante la Comisión para que esta decida si lo acepta o no”. Para la tarde de este jueves se convocó la reunión para revisar las hojas de vida y reducir la cantidad de aspirantes a diez.
Este es apenas el más reciente capítulo de la novela del contralor. El anterior se dio hace apenas unos días cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la lista de candidatos que había presentado el anterior Congreso porque no cumplía con todos los requerimientos obligatorios para ser válida, entre ellos el de la paridad de género. Por ello emitió una medida cautelar con la cual ordenó recomponerla.
Los togados, además de identificar problemas en el tema de la equidad de género, encontraron situaciones de conflictos de interés y falta de mérito académico de los aspirantes, en función de los puntajes obtenidos.
En los antiguos candidatos estaban el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez; el contralor delegado para regalías, Aníbal Quiroz; y el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón. Estos dos últimos están envueltos en el escándalo de una supuesta red de corrupción que, al parecer, se apropió de recursos del OCAD-Paz, destinados a obras en los municipios que más fueron golpeados por el conflicto armado.
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