Como ha sido tradicional en Colombia durante el mes de diciembre se da inicio a la negociación del incremento del salario mínimo que devengarán los trabajadores durante el año 2022. Si bien el 2021 ha sido el año de la recuperación económica, debe realizarse un análisis de las diversas variables que deben tenerse en cuenta para fijar el incremento del mínimo como son: el Producto Interno Bruto, el Índice de Precios al Consumidor, la tasa de ocupación, la productividad, la competitividad y la tasa de informalidad, porque si bien a mayor poder adquisitivo de los trabajadores habrá mayor demanda de bienes y servicios, mayor ahorro y mayor inversión, todo esto solo será posible si el incremento del mínimo supera el porcentaje de la inflación. Debe tenerse en cuenta que un incremento que no consulte la realidad empresarial y social puede representar más informalidad y mayor desempleo.
Debido a que la inflación del año 2021 va a superar el 5 %, el incremento del salario mínimo para el año 2022 estaría cercano a los 2 dígitos, es decir al 10 %. Las centrales obreras solicitan un incremento del 11 % lo que fijaría el mínimo en $1.125.000 incluido el subsidio de transporte. El Gobierno propone un incremento del 10,07 %. Los gremios en su mayoría respaldan la propuesta del Gobierno lo que en términos reales representaría el incremento más alto de los últimos 40 años y tienen como base fundamental la reactivación económica, su sostenibilidad y el incremento de la demanda por parte de los consumidores.
En esta negociación existe un factor que se debe considerar y es el que corresponde a la incidencia que va a tener el incremento del mínimo cercano la 10 % que, si bien representa un beneficio para los trabajadores y es un estímulo para el consumo, el ahorro, la inversión y puede ser asumido sin ningún problema por las grandes empresas, puede representar un duro golpe para las Mipymes que se encuentran en un periodo de recuperación después de los bloqueos y la pandemia.
Es importante recordar que este sector empresarial representa el 90 % del empleo del país, pero a su vez tiene una gran fragilidad económica y por lo tanto se debe proteger. Hay que realizar una adecuada ponderación de las implicaciones del incremento del mínimo en este sector económico, para que no sea un factor que impida la formalización de varias microempresas, las cuales no puedan asumir los nuevos costos de un empleo formal.
La tasa de informalidad en Colombia fue del 47 % en el trimestre julio-septiembre del presente año y en materia de seguridad social el 91 % de los ocupados en las áreas metropolitanas están afiliados a salud, mientras que en materia de pensiones la proporción de ocupados cotizantes fue del 49,8 %. La recuperación del empleo continúa como uno de los puntos fundamentales para el país porque la tasa de desempleo se situó en el 12,1 %. En cuanto a la formalización solo el 53 % de los empleos son formales en las principales ciudades colombianas.
Si bien Colombia se consolida como la tercera economía de América Latina con un crecimiento del 7,6 % según el Fondo Monetario Internacional, todavía no llega a los niveles de empleo que tenía antes de la pandemia y no ha logrado bajar la tasa de desempleo a un dígito, pues esta se ubica actualmente en el 12,1 %. Aunque en el país hay 22,1 millones de empleados según el DANE, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año 2020 cuando los ocupados eran del orden de los 20,2 millones, preocupa la incidencia del incremento del salario mínimo en el mantenimiento de las fuentes actuales de empleo y la afectación que pueda tener en la creación de las nuevas.
Confiamos en la ponderación que tengan el Gobierno, los gremios y las centrales obreras en este proceso de negociación para que de allí surja la fórmula que represente los mayores beneficios para la economía, las empresas, las Mipymes y los trabajadores con miras a fortalecer la recuperación económica y el empleo.
