Los incentivos que tiene un criminal son dos: lograr cometer el crimen de la manera más ágil y menos riesgosa posible, y lograr evadir el accionar de las autoridades. Para ambas, se requiere una característica esencial: precisión en el golpe. En ese sentido, nada mejor que un arma, que le brinde la posibilidad de amenazar, intimidar, y de este modo forzar al ciudadano a acceder, por ejemplo, a darle sus pertenencias personales al criminal, o a entregar el dinero de la caja de un establecimiento de comercio. Y, sobre todo, si ello viene acompañado de la indefensión de la víctima.
Así pues, ¿qué armas tienen a disposición los criminales? En primer lugar, aquellas que ya circulan en el mercado negro desde hace años, incluyendo las armas hechizas. En segundo lugar, aquellas compuestas de partes de armas legalmente importadas, que logran hacer mucho más compleja su trazabilidad y la identificación del dueño y del arma misma. En tercer lugar, las traumáticas, que son efectivas para intimidar y lesionar, y son muy baratas.
En ese sentido, se saluda con particular gratitud ciudadana el hecho de que el Gobierno haga un esfuerzo para que en este mismo mes esté listo y sancionado el decreto que obliga a los portadores de armas traumáticas -muchos de ellos sin duda alguna delincuentes, que las tienen para usarlas en sus atracos- a realizar todo el procedimiento necesario para acreditar una verdadera necesidad para la tenencia o el porte, a la vez que el debido marcaje y registro de dichas armas. Evidentemente, los criminales que utilicen este tipo de armas verán disminuido su segundo incentivo para delinquir.
Pero, aún con esta medida en pie, el poder de disuasión estatal no debe limitarse a solo una vía. Y si de diversificar se trata, el anuncio de la alcaldesa de Bogotá -y con cierto eco en el alcalde de Cali- de realizar patrullajes con la Policía Militar en sitios de alta delincuencia, carece de sentido, ya que olvida que la delincuencia -por naturaleza- es móvil, y la medida no nace como fruto de un esfuerzo nacional concertado y planeado, que logre atacar el fenómeno de la criminalidad por igual en Cali, en Arauca y en Bogotá: las tres capitales hastiadas de la violencia. En últimas, el ‘esfuerzo’ de López no equivale a una verdadera acción de disuasión militar, sino que provoca simplemente la migración de los delincuentes a otras áreas.
Para lograr un verdadero control de la criminalidad -jamás hay que olvidarlo- se requiere del apoyo ciudadano. Altos directivos de Fenalco manifestaron que más del 60 % de los comerciantes que atienden al público tienen una percepción altísima de inseguridad, y ello concuerda con el sentimiento ciudadano, palpable en las calles de nuestras urbes.
En lugar de regular tan solo el ámbito de las armas traumáticas es necesario regular de mejor manera la obtención de permisos de tenencia y porte ciudadano, con el fin de que dichos procesos sean más ágiles, más efectivos y menos costosos. En particular, porque los esfuerzos para la regulación del uso de armas a nivel nacional, parecen mayormente dirigidos hacia ciudadanos que quieren defenderse, que hacia los verdaderos criminales.
En ese orden de ideas, un verdadero proyecto de regulación de la seguridad ciudadana -que no solo se limite a las armas traumáticas- debe contener medidas logísticas para hacer más sencillo el acceso a armas de defensa personal para aquellos ciudadanos que comprueben una necesidad para tenerlas y portarlas; a su vez, una verdadera regulación del comercio de partes de armas importadas y de su tránsito por el territorio nacional. Y una verdadera sistematización, a nivel nacional -no local- del apoyo de la Policía Militar mediante labores de disuasión de la criminalidad, que no se limiten a ciertas áreas, sino que sean móviles y en una constante coordinación táctica con las autoridades de Policía.
No es una paradoja que la ciudadanía coopere activamente en la lucha contra la criminalidad; por el contrario, es una enorme ventaja que debemos aprovechar.
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