Luego de una revisión a la parte antigua del centro penitenciario de Tuluá, tras la conflagración que cobró la vida de 52 presos esta semana, la Procuraduría solicitó que se estudie la posibilidad de cerrar la estructura, la cual fue construida en 1972.
El procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, señaló que “luego de practicadas las diligencias y visitas técnicas los días martes y miércoles, a la infraestructura del establecimiento penitenciario, la Procuraduría General de la Nación solicita al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, a la Unidad Nacional de Control de Riesgo de Desastres, a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Tuluá considerar el sellamiento de esta zona del centro penitenciario”.
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El funcionario reveló que las instalaciones no son aptas para albergar internos en condiciones humanas: “No cuenta con las condiciones y estándares mínimos de lo que se denomina vida en reclusión, falta ventilación, oscuridad, y muchos otros elementos que nos hacen solicitar que se evalúe el posible cierre o sellamiento de esta estructura muy antigua”.
Según lo señalado por la Procuraduría, esta estructura antigua de la cárcel tiene 3 pabellones y 2 pasillos con capacidad para albergar a 400 internos.
El grupo de internos que se encontraba en los patios 8, 9 y 11 fue trasladado a las celdas de visitas conyugales y a un patio contiguo. La Procuraduría brindó apoyo en la atención médica.
“Hicimos un llamado al Inpec y al Uspec para que traiga médicos generales, enfermeras y un equipo de apoyo sicológico. Se comprometieron a realizarlo el día de hoy (jueves) y estamos muy atentos a que eso ocurra”, señaló Sarmiento.
Sobre la investigación adelantada por la Procuraduría, Sarmiento reveló que continúan recopilando toda la información probatoria para determinar cómo ocurrieron los hechos.
“Ayer también obtuvimos los testimonios de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tuluá y seguramente se ordenarán más pruebas para seguir nutriendo esta investigación”, apuntó el Procurador delegado, tras aclarar que hasta el momento no se ha vinculado a ninguna persona o funcionario público a la investigación.
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