Un llamado a que se avance en políticas de protección y de participación política para la población Lgbtiq+ hicieron los organismos de defensa de los derechos humanos y las autoridades electorales en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en el cual la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Por el lado político, un informe de violencia electoral elaborado por la Misión de Observación Electoral, MOE, indicó que en cuanto a los liderazgos, estos sufren afectaciones especiales y diferenciadas basadas en su orientación sexual o identidad de género y por eso “se encuentran en una doble condición de riesgo, tanto por el desempeño de las actividades y causas que representan, como por la discriminación estructural con motivo de su orientación sexual y/o identidad de género”.
En los meses del calendario preelectoral (13 de marzo del 2021 al 12 de marzo del 2022), la MOE registró 8 hechos de violencia contra líderes Lgbtiq+, 166,7 % más en comparación con el mismo periodo del 2018, cuando hubo 1 asesinato y 2 amenazas. En este periodo, la mitad de los hechos, es decir 4, fueron homicidios. “Lo que evidencia lo riesgoso que se ha convertido para este sector poblacional ejercer roles de liderazgo, principalmente de carácter social”, reconoció la organización.
A eso se suma la presencia de hechos violentos con patrones específicos que buscan atentar contra la integridad de esta población, en la medida en que las amenazas registradas, por ejemplo, apelan a temas de limpieza social relacionados con la participación pública en espacios de representación.
Se tienen registros de una lideresa lesbiana de Tierralta, Córdoba, que fue amenazada antes de las elecciones legislativas y recibió mensajes de correos electrónicos y de WhatsApp en los que le advertían que la iban a asesinar debido a su orientación sexual. Lo mismo pasó con el secretario de Gobierno de La Apartada, en ese mismo departamento, un hombre gay cuya orientación sexual era de conocimiento público en el territorio y de quien se tiene la hipótesis de que fue asesinado debido a este prejuicio. Hubo otros hechos similares en Cauca, en Yopal, Casanare, Cesar, Antioquia, Magdalena y en Bogotá.
Por su parte, en cuanto a violencia en contra de estas personas, la Defensoría del Pueblo informó que durante el 2021 y hasta abril de 2022 se atendieron 248 casos de violencia y/o discriminación en contra de personas por su orientación sexual o identidad de género diversa.
De ese total, 119 fueron mujeres transgénero, 13 hombres transgénero, 37 mujeres lesbianas, 14 mujeres bisexuales, 61 hombres gay, 3 hombres bisexuales y 1 caso de una persona intersexual, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De enero a abril de 2022 la delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo tuvo un reporte de 61 atenciones por casos de violencia hacia esta población: 20 fueron a mujeres transgénero; 29 a hombres gay; 4 a hombres transgénero; 4 a mujeres lesbianas; 1 a 1 mujer bisexual y 3 casos de personas intersexuales.
Las principales violencias reportadas por esta población fueron violencia sicológica, con 146 registros; 20 casos por violencia económica; 78 casos por violencia física y 30 casos por violencia sexual. Así mismo, se tiene conocimiento de 59 casos por violencia institucional; 34 casos registrados de discriminación en el espacio público; 28 casos por presunta violencia policial y 18 en centros carcelarios y penitenciarios.
Entre tanto, las regiones con mayores atenciones fueron Norte de Santander, con 33 casos; Bogotá y Chocó con 27 casos cada uno; Valle del Cauca con 21 casos; Magdalena con 19 casos; Bolívar con 18; Cauca con 15 casos; Boyacá y Caldas con 12 casos y Caquetá con 10 casos.
Ante estos casos, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades judiciales para que estos delitos no queden en la impunidad y que se adelante un proceso de reparación a las víctimas.
“Es necesario que las entidades competentes actúen con diligencia en acciones integrales de atención de violencias basadas en género y de esta manera prevenir la materialización de conducta violatoria a los derechos humanos de la vida e integridad de estas personas”, agregó el defensor del Pueblo.
Víctimas del conflicto
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas, en sus bases de datos tienen a 4596 personas que se autorreconocen como Lgbtiq+, de las cuales 3887 son sujetos de atención. El reconocimiento de esta población como víctima del conflicto armado se consagró en la Ley 1448 de 2011, en la que está consignado un enfoque diferencial para las víctimas que se autorreconocen como población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Además, señala que la entidad ha girado $188.246.000 en atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento y $111.150.725 en ayuda humanitaria por hechos diferentes al desplazamiento. En materia de indemnizaciones administrativas y judiciales se han entregado recursos por $4.155.238.892 dirigidos a personas víctimas pertenecientes a la población Lgbtiq+.
En reparación colectiva 3 organizaciones forman parte de este proceso: la mesa Lgbtiq+ de la Comuna 8 de Medellín, que está en fase de implementación y en donde se han invertido $709.736.360; el grupo Lgbtiq+ San Rafael (Antioquia), y Comunidad Lgbtiq+ de El Carmen de Bolívar (Bolívar), que se encuentran en fase de alistamiento.
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