Durante varios años la ratificación del Acuerdo de Escazú ha estado en la agenda del Congreso de la República, aunque no fue sino hasta este martes cuando logró un avance significativo al haber sido aprobado en segundo debate por el Senado, con una mayoría de 74 votos a favor y 22 en contra. La decisión mayoritaria provocó los primeros enfrentamientos entre la bancada de mayoría petrista y la oposición del Centro Democrático, ya que los miembros de este partido consideran que la ratificación de este pacto internacional podría ir en detrimento de la soberanía nacional.
Algunos expertos creen que el hecho de que el nuevo Congreso haya destrabado la aprobación de Escazú -que se hundió en varias oportunidades pese a haber contado con buen ambiente previo a las votaciones- es una noticia positiva para el país porque le permite acceder a una nueva carta de opciones en lo que se refiere a la defensa del medioambiente.
“La eventual ratificación del Acuerdo de Escazú le permitirá al país beneficiarse de nuevas posibilidades normativas, ya que entre sus objetivos conjuntos está mejorar la institucionalidad ambiental, mejorar los procesos de transparencia y de acceso a la información de parte de las comunidades, también tener acceso a herramientas para la justicia climática y tener mejores estrategias para la protección de los derechos humanos. Algo que se ha dicho y sobre lo que el país puede estar tranquilo es que el acuerdo no viola la soberanía, de hecho el artículo tres se menciona cómo la soberanía está en su médula para garantizar su buen funcionamiento, esperamos que el Congreso esté a la altura de las realidades climáticas y del mundo en los debates que quedan para que se ratifique de manera definitiva”, dice Camilo Prieto, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y autor del libro ‘Nutrición Sostenible: cómo alimentar a la humanidad sin depredar el planeta’.
Otro que se manifiesta a favor de que Escazú concluya los trámites que le quedan en la Cámara de Representantes es Andrés Santiago Arroyave, profesor de ecopolítica de la Universidad Nacional.
“El Acuerdo de Escazú, que se firmó en 2018 por todos los países suscribientes, y que se llamá así por la ciudad costarricense en donde nació, es de una importancia altísima porque insta a los gobiernos a proteger la vida de los líderes ambientales, lo que significa que para muchos es un tema de vida o muerte, además propone la apertura de información ambiental para tomar decisiones, esto permitirá que los proyectos con impacto ambiental tomen decisiones más técnicas, algo fundamental en un país en donde el 30 % tiene alguna figura de protección ambiental”.
Sobre las críticas replica que “no es verdad que al ratificarse se vaya a anteponer al desarrollo es darle más rigor para que se pueda progresar y conservar y por último busca fortalecer la justicia en materia ambiental, como la minería ilegal la deforestación, el tráfico de fauna silvestre, problemas que se alimentan de la impunidad judicial”.
Por su parte, por su parte Isabel Cristina Zuleta, vocera de las poblaciones aledañas a Hidroituango y senadora por el Pacto Histórico, asegura que parte de la necesidad de que este proyecto continúe el tránsito legislativo tiene que ver con que habrá énfasis en la protección de los defensores del medioambiente.
“En este momento en Colombia los líderes ambientales no tienen mecanismos de protección, no hay un análisis específico de los riesgos que existen en los distintos territorios en los que ejercen la protección y muchos de ellos terminan siendo víctimas de la violencia y de las presiones para que desistan y abandonen las zonas”.
La congresista también se refirió a las alarmas del Centro Democrático de que se debilitará la soberanía nacional. “Ese tema se debatió en las nueve rondas de discusión internacional que se realizaron para construir el documento suscrito y en todas participó Colombia y acompañó la redacción del acuerdo que se busca ratificar. Además, Colombia hizo saber de los puntos en los que había disenso. De lo que se está hablando es de dar acceso a las comunidades en donde se van a hacer proyectos de impacto ambiental a información para conocer de primera mano las políticas de protección y apoyar con posturas técnicas desde el territorio”, explica.
Colombia peligrosa
La ONG Global Witness publicó a finales de 2021 un informe en el que ubicaba a Colombia como el país latinoamericano más letal para los defensores del medio ambiente. En total en el 2020 hubo 227 muertes violentas en el mundo, de las cuales 65 ocurrieron en el país.
Esta fue la segunda vez consecutiva en la que Colombia encabezaba la lista de territorios en donde hay más peligro para esta clase de defensores, en los registros del 2019 también quedó en el primer lugar con 64 crímenes.
Global Witness reseña que la violencia mortal viene en aumento en el mundo durante los últimos años. En 2018 hubo 167 muertes, en 2019, 212 y 227 en 2020. Además, tres cuartas partes de los ataques letales sucedieron en América Latina.
De acuerdo con los resultados de la investigación, en Colombia 17 de los 65 homicidios cometidos en el país tenían que ver con la restitución de tierras y con la sustitución de cultivos ilícitos.
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