Durante la sesión plenaria de este miércoles en el Concejo los cabildantes Carlos Arias, del Partido de la U, y el conservador Juan Martín Bravo, formularon graves denuncias contra Roy Alejandro Barreras, director del Departamento Administrativo de Planeación municipal y pidieron a los entes de control iniciar las investigaciones de oficio frente al convenio para realizar un inventario de las vallas de publicidad exterior visual de la ciudad, firmado por Barreras con la Universidad Javeriana, cuyo valor asciende a $875 millones.
“Concejal Bravo: si hay un contrato orientado a hacer el inventario de las vallas en Santiago de Cali, carece de un objeto y estaría viciado, por lo que solicito que a través de la Secretaría del Concejo se le corra traslado de su denuncia a los órganos de control ya que no es posible que se contrate a un tercero para que haga dicha labor cuando la información de la totalidad de las vallas reposa en Hacienda, toda vez que ellas pagan impuestos, como en la misma dirección de Planeación municipal”, exigió el concejal Arias, quien expresó su incomodidad ante los otros 20 concejales.
La molestia de Arias tiene que ver con que en Cali se cuenta con un inventario de vallas realizado en el 2017 cuando se aprobó el Acuerdo 436 que regula su ubicación y disposición, así como también congela durante una década el número de estos elementos que podrán estar activos en la ciudad.
“El Acuerdo 436 regula toda la publicidad exterior visual en la ciudad. Es un acuerdo de orden ambiental y de plena autonomía de la Corporación edilicia de Cali. Es importante recordar que ese Acuerdo tiene una vigencia de 10 años y durante ese tiempo se congeló el número de vallas, inventario que reposa en la carpeta del acuerdo y en su respectivo expediente del que hay copia en Planeación”, enfatizó el concejal de la U.
Con la petición de investigación por parte de Arias y el anuncio de un llamado a control político en junio cuando el Concejo regrese a sesiones ordinarias, este es el segundo cabildante que pone en la mira de sus críticas a Barreras, el director de Planeación.
Durante la plenaria Bravo agregó otros datos a la denuncia contra Barreras. Indicó, por ejemplo, que “el convenio por $875 millones con la Javeriana no es el único gasto en que el director de Planeación ha incurrido para el tema de las vallas de Cali. Cómo les parece que contrató a Artis S.A.S., una empresa creada en el 2019 y que ya en el 2020 tiene su contrato por $614 millones y por contratación directa. ¿A qué vengo con esto? Pues que ya son $1489 millones gastados por Planeación en temas de vallas con una empresa que no tiene nada que ver y con otra que le cobra $51 millones por usar sus computadores. ¿A mis colegas esto les parece normal? No lo sé, pero como concejal, me genera muchas dudas”.
El cabildante conservador fue más allá y puso en tela de juicio la participación como contratista de Planeación de Beatriz Duarte, antigua gerente de Eucol, empresa que tuvo durante 20 años la concesión del mobiliario urbano en la capital vallecaucana. “Ha firmado contratos por más de $66 millones para manejar todo el tema del espacio público y posiblemente montando el tema de Eucol. ¿Qué tan conveniente es tenerla contratada? Pero más allá, la pregunta es: ¿será ético?”, cuestionó.
“Es normal, pregunto a mis compañeros concejales, que Roy Alejandro Barreras venga dilatando sacar la licitación para definir la nueva empresa que manejará el mobiliario urbano de nuestra ciudad. Una concesión que manejó Eucol durante 20 años y que en marzo de 2021 se venció, pero más de 1 año después nada se sabe de la licitación para concesionar de nuevo ese millonario negocio”, continuó Bravo.
“¿Es normal que Barreras haya firmado más de $8700 millones con la EMRU para estudios? Estudios que le permiten un juego bastante significativo. Y es normal entonces que Planeación firme un contrato con el Sisbén por $8400 millones, a través de la Fundación de la Universidad del Valle y resulta que los asistentes de Barreras tienen doble contrato con el Sisbén y con Planeación. ¿Es normal eso?”, concluyó Bravo.
Cuestionan aplazamiento de desalojo en Las Orquídeas
Un operativo para restituir un bien privado ubicado en el sector de Las Orquídeas, en el oriente de Cali, que convocó a más de 54 entidades entre nacionales y locales y reunía a más de 500 personas, fue suspendido 12 horas antes por decisión del Comando de la Policía Metropolitana y del secretario de Seguridad y Justicia, los cuales argumentaron situaciones de seguridad.
El concejal Roberto Rodríguez instó al brigadier general Juan Carlos León Gómez, comandante de la Policía de Cali y al Secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra, para que aclaren por qué la determinación de la suspensión del operativo de desalojo.
“Cuáles son esas razones que hicieron que el comandante de la Policía de Cali suspendiera dicho operativo, que llevó varios meses de preparación, que reunió a más de 54 organismos y que convocaba el uso de la Fuerza Pública además de maquinaria”, cuestionó el concejal del Centro Democrático.
“Es un deber constitucional generar desde el Estado las acciones de protección a la propiedad pública y privada que fue vulnerada durante el paro nacional, que en el caso de Cali generó la invasión de más de 6 hectáreas, incluido el predio de Las Orquídeas. Dicho sector invadido está siendo objeto de extorsión política, cuando se anima a los que allí moran al decir que se impedirá toda acción de desalojo si se vota por un candidato”, denunció Rodríguez.
El concejal instó a la Inspección de Policía que tiene a cargo el operativo para que reactive todo el mecanismo de desalojo que permita la restitución del bien de manera inmediata y a la Policía de Cali para que acompañe el procedimiento sin excusas.
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