En época de campaña electoral siempre se habla de corrupción, pobreza, desnutrición, hambre, abandono a la población infantil y juvenil, todo y cada uno de estos planteamientos acompañados de señalar y responsabilizar al Estado por la falta de programas para atender esas problemáticas.
El PAE, quizás es el programa de mayor subsidio directo a la población. La alimentación, considerada un derecho universal, encuentra en este programa una excelente herramienta. Creado hace veinte años con el objetivo de incentivar la escolaridad y permanencia de estudiantes en el sistema, brinda la oportunidad de dar, por lo menos, una complementación alimentaria diaria.
Los departamentos y municipios aportan la infraestructura educativa y logística y el programa es financiado, en su gran mayoría, a través del Sistema General de Participación y Regalías.
Si bien es cierto el Ministerio de Educación genera los lineamientos que los alimentos deben ofrecer y, por ende, brindar a la población estudiantil, delega en los municipios la selección de los operadores. La filosofía e iniciativa inicial de generar modelos asociativos de núcleos productivos de pequeños emprendimientos cercanos a las instituciones educativas, careció de acompañamiento en su estructuración y dejó el programa en manos de pocos operadores.
En Cali, fueron seleccionados 5 operadores para atender a más de 160.000 estudiantes ubicados en 171 establecimientos.
A escasos tres meses de entrar en operación el programa en este año lectivo, las comunidades de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, alzaron su voz de protesta por las irregularidades de uno de los operadores. Tan solo la concejal Diana Rojas se apersonó del tema y acompañó a los denunciantes y exigió a la Administración municipal proceder a dar por terminado el contrato respectivo.
Es inaudito, ofensivo y criminal, el abuso de algunos operadores en contra de la indefensa población infantil y juvenil. No solamente Cali es víctima del atropello de los operadores. En el país entero se van revelando casos de constante corrupción en los cuales se encuentra que los complementos alimentarios no cumplen con las normas de salubridad, ni tampoco se ajustan a los lineamientos proteínicos exigidos en la normatividad y, de paso, desfalcan al sistema.
Tristemente el programa de subsidios para más de un millón de jóvenes se ha convertido en la guarida de inescrupulosos abusadores de la bondad del Estado, quienes se ocultan tras actos de reprochable corrupción.
Ojalá, como lo hemos expresado por años, las autoridades de control fiscal, disciplinario y penal logren desenmascarar las abusivas sanguijuelas del erario y de una desamparada población vulnerable.
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