Este 13 de mayo se cumplieron los primeros 8 años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Este proyecto fue concebido y radicado por el senador José David Name Cardozo y como ministro de Minas y Energía le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido en su trámite en el Congreso de la República. El objeto fundamental de esta ley es desbrozarle el camino a las fuentes no convencionales de energías renovables, Fncer, para su integración a la matriz energética del país.
Uno podría decir que la transición energética desde las energías de origen fósil hacia las Fncer tuvo su más importante hito en el 2015, gracias al Acuerdo de París (COP21) y a la adopción de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ODS, de los cuales el 7º propende por la “energía asequible y no contaminante”. El Acuerdo de París fue ratificado por el Congreso y, por lo tanto, el compromiso de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % hacia el 2030 es vinculante.
La CREG tardó casi 4 años para establecer el marco regulatorio para poner en marcha la ley y ello retrasó su implementación. Fue menester que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 570 en marzo de 2018, en el que le dio un plazo perentorio de 12 meses tanto a la CREG como la UPME para que tomaran las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del Sistema Interconectado Nacional, los proyectos de generación de Fncer mediante contratos de largo plazo. Solo así se pudo desatar el nudo gordiano, lo que posibilitó las primeras 2 subastas de renovables en febrero y octubre de 2019, en las cuales se asignaron 2200 MW. Desafortunadamente, la tercera subasta, que se llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se asignaron 796,3 MW más, no tuvo la misma fortuna de las 2 anteriores y su suerte está rodeada de incertidumbres que han imposibilitado su cierre.
Cabe advertir que la transición energética no se reduce a la inserción de las Fncer. Va mucho más allá. Además de la electrificación de la economía, que se apoya en las Fncer, hace parte también de esta estrategia la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena, desde la generación, pasando por la transmisión, hasta la distribución y uso de la energía. En última instancia, la transición energética se da en procura de garantizar la seguridad energética, para robustecer y diversificar aún más la matriz energética y que de esta manera se vuelva más resiliente frente al cambio climático.
La transición energética cobró un renovado impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de julio de 2021 -también de la iniciativa del senador Name- dado que, además de reforzar y darle un mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el espectro de sus beneficios al incorporar a la matriz energética, otras fuentes renovables tales como la energía geotérmica, el hidrógeno, amén de los incentivos y estímulos para la captura y almacenamiento de CO2, así como al almacenamiento a gran escala de la energía generada mediante el sistema de baterías. De esta manera, Colombia se propone aprovechar y desarrollar el gran potencial del cual dispone de Fncer, calculado en 135 GW.
De hecho, hasta el momento ya están instalados y en operación los primeros 224,47 MW de potencia, tanto en autogeneración como en generación distribuida con base en energía solar fotovoltaica y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, pero la meta final es mucho más ambiciosa. Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran almacenamiento de energía en el departamento del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. Adicionalmente, se ha trazado la hoja de ruta del hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para producirlo por parte de Ecopetrol y Promigás, lo cual se constituye en el primer paso en la dirección de convertir a Colombia –particularmente al Caribe colombiano- en el gran hub energético a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe.
Complementariamente, a comienzos de este mes, el presidente Iván Duque y su ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, lanzaron en Barranquilla la bitácora para el despliegue de la generación de energía eólica costa afuera, en donde se ha identificado un potencial de 50 GW. El distrito de Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al concretar una alianza estratégica con la empresa danesa Copenhague Infrastructure Partners, CPI, para desarrollar un primer proyecto offshore de gran envergadura, con una capacidad de generación de potencia de 350 MW.
Finalmente, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrarlas y protegerlas”, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable, ¡que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!
www.amylkaracosta.net.
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