El debate sobre la reforma al sistema de salud, que puso en funcionamiento la Ley 100 expedida en el año 1993 viene con un preámbulo que delimita su accionar y desde el que debe partir la discusión, en el escenario propio para reformas de tan hondo calado; el Congreso de la República. Eso de convocar a un debate público ocupando las calles de las diferentes ciudades del país, no pasa de ser más que una postura del anhelo de querer rodear de amplia democracia, o democraterismo, la reforma a un sistema tan sensible.
Ese preámbulo expresa que la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.
Impecable redacción para crear el sistema general de la seguridad social integral con sus subsistemas: pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios. Es claro, que todas las personas tienen acceso a los servicios por sus necesidades de salud, aunque muchas veces para poder hacer uso del servicio de manera oportuna, el ciudadano debe recurrir al mecanismo de la tutela que trajo consigo la expedición de la Constitución de 1991, como herramienta para ser usada en casos excepcionales y no de uso desbordado y permanente como se ha demostrado que se ha abusado al arrojar diversos estudios, que el 30% de las tutelas tienen que ver con el tema de salud.
Sin duda, el acceso a los servicios y la calidad de éstos se han visto afectados por barreras de acceso que se han colocado y por la crisis de liquidez que viene presentándose en los prestadores públicos como en los privados al no darse un pago oportuno de los servicios que ellos han prestado a las aseguradoras. La realidad que se presenta es una clara demora en el flujo de los recursos obligando a las EPS a no prestar el servicio esperado de calidad en la atención. Lo anterior, sumado a que el sistema tarifario está totalmente desactualizado y rezagado en más de una década.
Hasta aquí, el escenario haría pensar que las declaraciones que vienen dando a los diferentes medios de comunicación los directivos de las EPS existentes en el país, tienen toda la razón. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Desde la campaña presidencial, el lenguaje de reforma al sistema de salud era parte sustancial de las intervenciones del candidato del pacto histórico. Por ello, al obtener la victoria en las urnas, todo aquel de una u otra manera vinculado con la salud en Colombia, sabía que lo que venía era una propuesta de cambio sustancial.
La sola designación de Carolina Corcho como ministra del ramo, fue la clara advertencia. Lo fundamental en este momento, es que los partidos representados en las cámaras legislativas estimulen con decisión, un profundo debate que impida en escasos treinta días de sesiones extraordinarias, dar aprobación a pupitrazo limpio, a una reforma que acabe con un modelo que lo que requiere son ajustes a fondo con un sentido verdaderamente social.
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