Tras la firma del Acuerdo Final de Paz en el país se han registrado 238 hechos de grave afectación al medioambiente: en promedio uno por semana. Esta es la cifra que arrojó el informe ‘El ambiente como víctima silenciosa: un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz’, presentado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El estudio, que abarca el período comprendido entre el año 2017 y mayo de 2022, analiza los datos arrojados por el Sistema de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, relacionados con las afectaciones que han continuado ocurriendo en el marco del conflicto armado en 12 zonas donde se ha reactivado. Los hechos incluyen graves contaminaciones de fuentes hídricas y cuerpos de agua, así como daños al suelo, la flora y la fauna en varios territorios del país.
Estas afectaciones están presentes en 21 departamentos y en 177 municipios de todo el país siendo los departamentos más afectados Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Santander y Meta. Los años 2019 (56) y 2021 (136) fueron los que más registros presentaron de violencia contra el medioambiente.
Los hallazgos de la UIA están enfocados en cinco tipos de hechos: los atentados contra la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la tala masiva e indiscriminada de árboles, las actividades asociadas a la producción de base de coca y los incendios que afectan la cobertura vegetal.
Sobre la afectación a la infraestructura petrolera, la UIA encontró que se han registrado 41 ataques principalmente en Norte de Santander, Arauca y Nariño, la mayor parte de ellos en 2019. La Unidad alerta sobre los daños que estos hechos ejercen sobre las fuentes hídricas en las que se derrama el crudo. Algunos grupos armados usan estos derrames para almacenar el petróleo y venderlo para financiar sus estructuras.
La minería ilegal ha sido el hecho que más afecta el medioambiente de manera constante en estos años. En el período posterior a la firma del Acuerdo, en 17 departamentos y en 66 municipios se han presentado, al menos, 140 afectaciones a fuentes hídricas, suelos, fauna y flora derivados de esta modalidad criminal. La mayor concentración de estos hechos se da en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó. En 2021 este tipo de afectaciones se disparó, principalmente, por el accionar del Clan del Golfo.
La tala masiva e indiscriminada de árboles, actividad que ayuda a soportar las economías ilegales, ha ido en aumento desde la firma del Acuerdo. En 2021 el número de actividades registradas creció en 900% y el 2022 ya es el segundo año con mayor cantidad de registros. La deforestación golpea especialmente a la Amazonia donde se concentró el 72% de las afectaciones.
A propósito, la UIA también hizo un llamado por la delicada situación de violencia que se vive en 9 de los 43 Parques Nacionales Naturales. En estos (20% del total) persisten grupos armados al margen de la ley que, además de cometer acciones directas contra el territorio, también han impedido la labor de funcionarios, líderes y lideresas ambientales.
Con respecto a la tala de árboles, Guaviare ha sido el departamento que mayores niveles de tala indiscriminada ha registrado desde la firma del Acuerdo de Paz (finales de 2016) hasta el 30 de mayo pasado.
En ese departamento se han registrado 16 eventos de tala indiscriminada de árboles en los últimos 5años y medio, especialmente en San José del Guaviare, donde se concentraron la mitad de los hechos.
En total, en los últimos 66 meses en Colombia ha habido, de acuerdo con el documento, 85 eventos de tala ilegal masiva o indiscriminada de árboles que contribuyeron al deterioro de la capa vegetal o de la fauna.
Dichos crímenes contra la naturaleza se concentraron en 47 municipios de 18 departamentos colombianos.
Después de Guaviare, el departamento más afectado con este fenómeno fue Chocó, donde se reportaron 15 afectaciones derivadas de la tala, especialmente en las subregiones del San Juan, Darién y Atrato.
En el 65 % de los casos registrados no se logró identificar el actor armado que estuvo relacionado con dichos hechos. “Sin embargo, entre los presuntos responsables (…) se encuentran las disidencias de las FARC quienes han perpetrado el 21 %, principalmente en la región de la Amazonía, donde ocurrieron el 72 % de las afectaciones”.
En tanto, el Clan del Golfo protagonizó unas 6 afectaciones de esta naturaleza, concentradas en Chocó y Antioquia. El ELN, por su parte, fue el grupo armado que perpetró el menor número de eventos relacionados con la tala entre finales de 2016 y finales de mayo de 2022, con 2 afectaciones, en Antioquia y Cauca.
Finalmente, se determinó que alrededor de 800 mil hectáreas de bosque han sido talados desde 1981 para darle paso al cultivo de coca, causando la destrucción de la capa vegetal. La deforestación también está vinculada a la ganadería y a la minería ilegal en menor proporción.
Lea también: Estados Unidos confirma muerte del líder de Al Qaeda
Síguenos en nuestras redes sociales:
¡Suscríbete GRATIS para recibir nuestro diario vespertino todos los días en tu WhatsApp!
