Juan Diego Flórez, gerente general de Emcali, respondió a la denuncia que el abogado Élmer Montaña interpuso al considerar que el contrato entre la Alcaldía y la entidad para realizar el alumbrado navideño violó los principios de selección objetiva, transparencia, economía y planeación.
En contexto: Piden a Contraloría General de la Nación intervenir contrato de alumbrado navideño
El funcionario señaló que es respetuoso de las posiciones que toman algunos ciudadanos, pero responderán cuando los entes de control y la Fiscalía lo requieran.
“Aportaremos todo lo que se ha trabajo desde la dirección jurídica de la empresa y de la alcaldía” , dijo.
Una empresa con experiencia
Flórez señaló que Emcali es una empresa con experiencia y apta para realizar el alumbrado.
“Estamos seguros del trabajo que se ha hecho y de lo que se ha venido construyendo. Este no es un proceso que se construya en unos pocos días y cuando llegue el momento atenderemos la denuncia”.
Sobre si está o no dentro del objeto de las Empresas Municipales poder o no realizar este tipo de contratos, resaltó que “el objeto de Emcali permite el servicio público de electricidad”.
“El cual está enmarcado en una gran cantidad de actividades. El mismo objeto dice que las actividades complementarias de esos servicios públicos los podrá celebrar Emcali”, apuntó.
Destacó que históricamente Emcali ha venido realizando este tipo de contratos; “no es la primera vez que se hace”.
“Existe un contrato de concesión desde el año 2000 con la empresa Megaproyectos para el alumbrado público. Hay que recordar que cuando se tiene contratado a alguien para un objeto, no es correcto jurídicamente contratar a otra persona. Sería tener el mismo objeto en dos contratos diferentes y eso sí sería un problema jurídico”, afirmó.
Explicó que según las disposiciones legales de orden nacional (Ley 1819 de 2016) y municipal (Acuerdo 434 de 2017), la Administración tiene la posibilidad de destinar para alumbrado público ornamental, o alumbrado navideño, el 10 % de los recursos recogidos por alumbrado público en el año.
“Prueba de ello es que el acuerdo 434 de 2017; aprobado por el Concejo Municipal, autoriza a que del recaudo del alumbrado público se destine el 10 % para el alumbrado navideño”, dijo.
Dijo el funcionario que este tipo de contratos es bueno para la empresa y para el municipio.
“Si Emcali es idónea y tiene los contratistas para hacerlo, es bueno para la empresa; porque de este contrato vamos a percibir unos ingresos. Además, de los $10.000 millones, $11.000 millones quedan automáticamente retenidos por el pago de estampillas. También está la utilidad de Emcali y los $8.700 millones que vamos a invertir directamente se van a utilizar en el diseño, materiales, luces y la logística”, puntualizó.
Emcali y Megaproyectos
Así las cosas, precisó cómo estarán distribuidas las actividades entre Emcali y Megaproyectos.
“Algunas actividades del contrato del alumbrado las hará Emcali y otras serán con Megaproyectos, aprovechando su experiencia e idoneidad. No es la primera vez que lo hacemos; en la primera administración se hizo y el resultado fue bueno. Cumplimos el objetivo de llevar ese alumbrado a feliz término con la mejor disposición de los recursos”.
El convenio interadministrativo se expidió el 22 de julio pasado e irá hasta el próximo 31 de diciembre.
En él se determina realizar el alumbrado navideño con decoración móvil, generar 522 empleos, tener 10 millones de luces y 56 vehículos para las caravanas.
La denuncia
El abogado Élmer Montaña sostuvo que la Alcaldía de Cali violó los principios de contratación pública para la realización de este contrato; como los de planeación, selección objetiva, economía, y no realizó una licitación pública para su adjudicación, como lo manda la Ley 80 de contratación pública. Por el contrario, lo celebró de manera directa con Emcali.
Esta, a su vez, subcontrató con Megaproyectos, que es la empresa que maneja el alumbrado público en Cali y que, a su vez, debe subcontratar servicios que se requieren como la parte artesanal para la construcción de muñecos.
Todo esto lo que implica son mayores costos para el municipio por la intermediación. Lo cual se pudo obviar si se hubiera licitado y contratado directamente con una empresa idónea para cumplir con el objeto contractual.
Montaña también pidió la intervención de la Contraloría General de la República para que haga un control de advertencia e intervenga de manera especial.