Según lo dispone el artículo 188 de la Constitución Política, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, le corresponde el ejercicio de diversas funciones en cada una de sus calidades.
Por mandato constitucional el presidente de la República representa a la nación tanto dentro del país como internacionalmente, lo cual le confiere la facultad de ser su vocero y, en ese orden de ideas, tiene el deber de mantener informados a sus conciudadanos en relación con todos los asuntos de orden económico, político y social, a fin, de que tenga plena realización el postulado constitucional establecido en el artículo 2° de la Carta, que consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
Dada la importancia de las comunicaciones concretas y directas que debe mantener el presidente de la República con los ciudadanos sobre los asuntos públicos, puede él en su condición de tal, utilizar para esos fines precisos la televisión, de propiedad estatal, medio de comunicación masivo cuyo impacto y capacidad de penetración se evidencia incluso en los procesos de consolidación o debilitamiento de las democracias.
Sin embargo, no es cualquier información la que legitima al presidente de la República para que interrumpa la programación habitual, sino aquella que pueda revestir interés para la colectividad, que sean hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva.
Al respecto, en diversas oportunidades se ha pronunciado la Corte Constitucional: ” Con razón John Stuart Mill señaló que la democracia no se limita al sistema de elecciones libres, sino que requiere participación, discusión, reflexión permanente sobre los asuntos públicos, y para ello es necesaria la información. Además, no puede haber un libre desarrollo de la personalidad, que es social por naturaleza, si se desconoce el derecho a la información que se les debe a los asociados”.
En una democracia como la nuestra no vulnera la Constitución Política, el hecho de que el presidente de la República se dirija a sus conciudadanos a través de la televisión, dada la dimensión que ese medio de comunicación social tiene en la formación de la opinión pública y, que le permite enterarse sobre el devenir político, económico y social, entre otras cosas, como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, porque esa información le sirve como elemento de juicio para su reflexión política y para la toma de sus propias decisiones.
Empezarán a surtirse cambios sustanciales en la vida del país; que exigirán al nuevo Gobierno que a partir del 7 de agosto le vaya explicando a la opinión pública, paso a paso, sus decisiones. Ese contacto directo, por medio de ese canal masivo de difusión, será vital para ir ganando la confianza del medio país que votó por una opción diferente a la victoriosa.
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