Mientras el 70 % de la malla vial de Cali está en mal estado, lo que quiere decir que unos 2000 kilómetros de calles se encuentran llenas de huecos y casi intransitables, la Administración municipal hace fiesta con el erario y se desgasta en su propósito inútil de instalar 12 pantallas LED gigantescas en el bulevar del Río, seguramente para que la gente se divierta en ese espacio público viendo televisión.
Ese es un negocio que huele mal desde el principio, porque ya conocemos del negociado parecido que hizo el actual alcalde en su primera Administración, hace 13 años, con la famosa pantalla del estadio Pascual Guerrero que tuvo toda suerte de líos legales, económicos y sobrecostos.
En esa oportunidad, se adquirió una pantalla LED por la cual la entonces Administración caleña pagó más de $1400 millones. Luego se pudo demostrar a través de la declaración ante la DIAN que la empresa encargada de importarla desde China solo pagó $112 millones.
Ahora la historia corre el riesgo de repetirse. Como lo contamos en el informe que hoy publicamos en este diario, el 10 de diciembre de 2021 Emcali firmó el contrato para la adquisición de las 14 pantallas por valor de $2798, con vencimiento al 31 de diciembre. Es decir, que las mismas ya debieron haberse entregado, lo cual no ha ocurrido.
Pero lo peor es que, según las denuncias conocidas en el Concejo, la instalación de esas pantallas en el bulevar del Río no habría sido legalmente posible, toda vez que esa zona tiene restricción del Plan de Ordenamiento Territorial de Cali para la instalación de publicidad visual exterior.
Esta es una situación insólita y “bochornosa” como la califican algunos, toda vez que se trata ni más ni menos que del Gobierno municipal violando sus propias normas, como si no las conociera y deliberadamente intentara transgredirlas poniendo por encima un dudoso negocio que tiene también un origen dudoso como lo advierte el informe de este diario.
Los caleños y sus concejales, por supuesto, deben tener los ojos bien abiertos y poner la lupa sobre la contratación que realiza esta Administración y, sobre todo, las Empresas Municipales de Cali, donde hace tiempo se vienen denunciando reiteradas prácticas contractuales perversas que atentan contra el patrimonio de la empresa y de los caleños.
Hay que establecer claramente a quiénes están beneficiando esos contratos y exigir a los órganos de control de la ciudad que actúen de una vez por todas. Aunque por las reverencias del actual contralor al Gobierno que controla y a otros personajes cuestionados que habría detrás, no tenemos muchas esperanzas de que por ese lado se garantice el buen cuidado del patrimonio caleño. Entre tanto, la ciudad sigue sin plata para tapar los huecos que tiene de verdad.
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