Las primeras semanas del nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro han mostrado un comportamiento favorable en términos de seguridad: hay una reducción en el número de homicidios si se compara con el mismo periodo del 2021. Entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre del 2022 hubo 1.992 casos contra 2.016 ocurridos el mismo período en el 2021, es decir, 134 homicidios menos, lo que equivale a una disminución del 6,3 %.
Así lo muestra un estudio realizado por el profesor Andrés González Díaz, director del Centro de Análisis de Datos (Delfos) de la Universidad Externado de Colombia. “Si confrontamos agosto de 2022 (1.089 homicidios) con agosto de 2021 (1.237 casos) tendríamos 148 casos menos, esto es una reducción del 12 %. Al comparar septiembre del 2022 (1.076 homicidios) con septiembre de 2021 (1.142) observamos también 66 casos menos. La reducción en este caso fue del 5,8 %. Es prematuro un análisis de fondo hasta tanto no se desarrollen las propuestas de una paz total y se pueda apreciar el impacto en las zonas afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, el nuevo Gobierno empieza con una disminución de la tasa de homicidios”, dice el docente.
González Díaz explica que se debe hacer un análisis con enfoque territorial para entender mejor dónde se localizan las reducciones. “En las grandes ciudades hay una tendencia a la baja. En las ciudades intermedias y en los pequeños municipios la situación es muy variable con una gran fragmentación de los grupos armados organizados, que superan el centenar”.
Según la investigación, las ciudades en las que se ha registrado la mayor reducción durante la Administración Petro son Cali y Barranquilla. Cali bajó en 59 homicidios (-31,7 %) y Barranquilla en 15 (-23 %). A su vez, en Bogotá se registran 13 casos menos, equivalentes a -7,8 %, al comparar el período del 7 de agosto al 30 de septiembre de 2022 con el mismo periodo del 2021. También bajaron Quibdó, Tuluá, Buenaventura y Tumaco, municipios golpeados por la presencia de grupos armados ilegales tanto de naturaleza insurgente como por aquellos que se financian del narcotráfico.
En otras ciudades se mantuvo una tendencia de aumento en los homicidios que se venía registrando desde el mes de julio. Cartagena, por ejemplo, sigue subiendo, y cerró el periodo con 18 casos más (+45 %), lo mismo ocurrió en Santa Marta, que creció 8 casos (+29,6 %) en Barrancabermeja y en Cartago.
En la región del Cauca, municipios como Puerto Tejada, El Tambo, Buenos Aires, Suárez y Santander de Quilichao crecieron en homicidios. Siendo el más notorio Buenos Aires, que aumentó un 300 %. Santander de Quilichao subió ocho casos, un 57 %. El Tambo subió 7 casos (+233 %). A su vez bajaron: Corinto, en 5 casos (-83.3 %); Patía, 9 casos menos (-75 %); Caldono, un caso menos (-16 %) y Argelia, un caso menos (-11 %).
En el Bajo Cauca Antioqueño y Antioquia, en general, se incrementó el número de homicidios en Yolombó (+250 %), Briceño (+200 %), Tarazá (+25 %) y Santa Rosa de Osos (+60 %), pero bajó en Segovia (-36 %), Valdivia (-33 %) y Caucasia (-6 %), entre otros.
En el Catatumbo bajaron las muertes en municipios icónicos del conflicto como Tarra ( menos 2 casos, -66.6 %), Tibú (menos caso, -12 %), o Puerto Santander (menos 4 casos, -66.6%).
En el Valle, subió el número en Florida (7 casos más, 350 %), pero bajó en Zarzal y Toro.
En el Putumayo subieron las muertes en Puerto Guzmán (9) y en el Valle de Guamuez (4), pero bajan en Puerto Asís (menos 5 casos)
El docente dice que las cifras se deben mirar a la luz de la Paz Total, iniciativa en la que avanza el Gobierno, que va a instalar una mesa de diálogo con el ELN en noviembre.
“El análisis que resulta indispensable es el monitoreo sobre las zonas más afectadas por el conflicto armado para observar el impacto de los anuncios del nuevo Gobierno y la reacción de los grupos armados organizados. En este caso el vistazo preliminar sobre las ciudades intermedias y los municipios de menor población puede ser indicativo”.
El Gobierno Petro ha comenzado con una reducción de los homicidios de un 6 %. Sin embargo, la materialización de una paz total supondrá disminuciones drásticas no inferiores al 50 %.
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