El 28 de junio de 2022, 56 internos de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, Valle del Cauca, murieron tras un incendio. Más de un mes después de ocurridos los hechos, la Defensoría del Pueblo denunció que aún no se han tomado medidas de prevención de emergencias para que algo así no vuelva a suceder.
“Nuestro equipo de funcionarios de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Valle del Cauca pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras una visita de seguimiento que realizó la entidad al penal.
Por otro lado, la Defensoría denunció que el hacinamiento en este centro carcelario alcanza el 24% y que los privados de la libertad no cuentan con acceso a condiciones dignas de salud.
“Los representantes de derechos humanos de los diferentes patios manifestaron preocupaciones por los traslados que estaban pendientes dado un brote de varicela que hubo en el patio 10, y por la terminación del servicio de farmacia al interior del establecimiento a partir del 2 de agosto”, dijo la entidad.
En esta jornada de verificación la Defensoría también denunció que el establecimiento no cuenta con un cronograma de valoración médica intramural para la población privada de la libertad, y no se registra seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren, con casos de citas que se demoran hasta tres meses con médicos especialistas.
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