Una solicitud al Gobierno Nacional para disponer de algunos de los predios incautados al narcotráfico para vivienda hizo la Alcaldía de Cali, como parte de las soluciones planteadas a un grupo de personas que se tomaron desde ayer la sede de la Arquidiócesis de Cali, tras ser desalojados de predios que ocupaban.
De igual manera, la Alcaldía planteó la “concurrencia” de la comunidad que, de no ser en dinero, podría ser a partir del trabajo voluntario de sus miembros en la construcción de proyectos de vivienda.
Las propuestas fueron planteadas hoy tras una reunión con el llamado ‘Movimiento de Viviendistas sin Techo’, grupo que representa a comunidades de Santa Elena, Los Chorros y el distrito de Aguablanca y que, desde las 8:20 a. m. del martes, ocupa pacíficamente la sede de la Arquidiócesis de Cali en el centro de la ciudad.
La Arquidiócesis, cuyos vicarios fueron los primeros en escuchar las inconformidades de los manifestantes, dijo mediante un comunicado que la protesta buscaba instalar una mesa de diálogo con la Alcaldía para buscar salidas a los problemas de vivienda, alimentación e inversión social en las comunidades representadas.
“Tenemos una mesa que en muy buenos términos está encontrando soluciones”, aseguró Jorge Iván Ospina tras instalarse en la curia junto con sus funcionarios. “Hay una comunidad sin techo en Cali. Esa es una realidad y una evidencia”, dijo el mandatario antes de presentar las propuestas.
Recalcó que las soluciones de vivienda deben concertarse en el marco del cuidado del medioambiente, de modo que no se afecten las riberas de los ríos ni las zonas boscosas de la ciudad.
Desalojos
El eje central de la discusión fueron los desalojos en Altos de Santa Elena; un macroproyecto iniciado en 2008 en el que se han invertido fondos del Gobierno local y Nacional para construir 5.500 viviendas de interés social.
En ellas se pretendía reubicar a parte de las familias asentadas en el jarillón del río Cauca y a damnificados por las olas invernales de 2010 y 2011, entre otras familias de escasos recursos.
Sin embargo, la construcción y entrega sectorizada de estas viviendas provocó invasiones de varias de ellas. Al punto que en 2018 la alcaldía de Maurice Armitage creó una unidad de reacción contra posibles invasores, encargada de efectuar los desalojos.
Justamente, ayer la Policía empezó el desalojo de 178 familias que ocupan viviendas en Altos de Santa Elena. Estas ya fueron asignadas y serán entregadas a sus propietarios en los próximos meses.
Sin embargo, Ospina anunció hoy que el desalojo será suspendido, pues en la mesa de diálogo se espera concertar una salida que incluya garantías de vivienda para las familias que hoy invaden, “bien sea en este proyecto, si alcanza, o en nuevos proyectos de vivienda”, aseguró el alcalde.
La manifestación pone una vez más sobre la mesa la problemática de vivienda en la ciudad que, según la concejala Diana Rojas, tiene al menos 95.416 familias sin vivienda.
Las cifras del DANE, además, arrojan que en el Valle del Cauca solo el 43,7 % de los hogares es propietario de su vivienda. Una cifra preocupante para Cali, que se ha expandido durante décadas a partir de invasiones; producidas por las migraciones del departamento, así como de los departamentos aledaños.
Bajo presupuesto
La Alcaldía dijo que los arreglos para este problema tomarán tiempo, pues la ciudad no cuenta con suficientes edificios construidos para dar una respuesta rápida.
Sin embargo, el presupuesto de la ciudad para 2021 contempla apenas $20.000 millones para la Secretaría de Vivienda. Con ellos es muy poco probable avanzar en soluciones masivas de vivienda para los caleños.
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